Inspecciones Granada

El mito de la inspección de trabajo: un inspector por cada 1.600 empresas.

Las horas extra no cobradas y el fraude en la contratación son las dos infracciones más perseguidas por Inspección de Trabajo. Un departamento con pocos recursos y escaso margen de actuación.

Dicen quienes les han visto que guardan una figura humana bastante reconocible. Nada raro. Habrá que fiarse de esos testimonios porque el resto coincide en afirmar que jamás ha avistado a un inspector de trabajo. Pese a que no le vendría mal que se diese una vuelta por su empresa.

Algunos de estos funcionarios podrían contestar que tienen la opción de denunciar lo que deseen para ponerse en marcha. Otros comentarán que para qué, si las resoluciones no son concretas. Otros pensaran que los inspectores trabajan para el Gobierno y este se pone siempre al servicio de los poderosos. Y mientras, entre esto y lo otro, la casa sin barrer.

Para entender la labor de la Inspección de Trabajo solo hay que cambiarle el nombre. En Argentina, por ejemplo, se la conoce como Policía de Trabajo. Eso ya indica que su labor, al menos teórica, es velar por el cumplimiento de las leyes.

En España las competencias se reparten. Las comunidades autónomas la usan para atajar fraude en las relaciones y la prevención de riesgos laborales. El Estado vigila la parte de Seguridad Social y extranjería. Solo Catalunya y País Vasco tienen las competencias completas sobre el personal.

“El inspector hace visitas a empresas. Esas empresas no suelen estar en los centros de las ciudades. El transporte conlleva tiempo. Además, cuando se acude, no suelen tener toda la documentación requerida. Entonces hay que citarlas. Ahí entra la labor de despacho, pero luego queda redactar el informe”

Pero además, los recursos son insuficientes. En España no se llega a los 2.000 efectivos entre inspectores y subinspectores. Una cifra claramente deficitaria en comparación con las cerca de 3,2 millones de empresas que existen en España.

PRECARIEDAD

De las infracciones cometidas en 2015 dentro de la competencia de relaciones laborales, más del 40% correspondieron al tiempo de trabajo. Ahí entran las horas extra trabajadas y no cobradas. O las jornadas a tiempo parcial que se acaban convirtiendo de forma irregular en jornadas a tiempo completo.

De nuevo conviene darse una vuelta por las estadísticas. Más de la mitad de las horas extra trabajadas en España no se cobraron. En la última Encuesta de Población Activa, la del tercer trimestre, el nivel ha quedado en el 46,2%, todavía diez puntos por encima del nivel de arranque de la crisis. A día de hoy, en sectores como el comercio y la hostelería, las horas no abonadas continúan representando más de la mitad.

Otro problema son los contratos a tiempo parcial. En muchas situaciones, lo que se paga por una buena parte de la jornada queda a la voluntad del empresario y al margen de las cotizaciones a la Seguridad Social.

“Ahora la precariedad está más relacionada con el tiempo de trabajo que con la naturaleza del contrato”

Estar contratado a cuatro horas o menos y trabajar ocho o más es una situación común. Realmente ya da lo mismo tener un contrato fijo o temporal. No hay tanta diferencia ni siquiera en las indemnizaciones. Ahora la precariedad está más relacionada con el tiempo de trabajo que con la naturaleza del contrato.

FALTA DE HERRAMIENTAS

Todos coinciden: demostrar algunas de las situaciones irregulares es muy complicado. La reforma laboral ha provocado que la Inspección de Trabajo tenga menos herramientas para llevar a cabo su función. Esto afecta principalmente al control de la jornada. La ley no obliga a las empresas a registrarla, cuestión que complica el trabajo de los inspectores a la hora de detectar fraude.

La Inspección de Trabajo no puede llevar a cabo una actuación subjetiva. Yo tengo, en aplicación de una norma, que verificar el comportamiento para ver si es apto o no. Si la ley no es clara, no voy a poder llevar a cabo un control objetivo.

Es muy habitual que la Inspección eche balones fuera y diga que el asunto tratado es para los tribunales. Y es que las resoluciones “son poco claras”, cuestión que no ayuda en los juicios.

Los funcionarios son diligentes. Pero, en general, hacen un buen trabajo. El problema es que con los medios de que disponen, tampoco se puede hacer demasiado. La falta de medios es una queja recurrente.

En ODR  tenemos la experiencia y los recursos necesarios para resolver procesos jurídicos que se complica en muchas ocasiones. No dude en consultarnos.